Leo con algo de estupor que el ministro de educación, Ángel Gabilondo, tiene en su agenda la reforma de la secundaria. Y digo con estupor, por un lado, porque sería la enésima reforma en muy poco tiempo y, por otro, porque lo que deduzco de sus palabras -obviamente, a través de la prensa- supone una vuelta atrás aunque no lo parezca.

 

  En 1990 se aprueba la LOGSE, ley a la que se le atribuyen todos los males, y no se pone en marcha hasta el curso 91-92, en el que comienza la Educación infantil. La puesta en marcha de esta ley no fue de golpe, sino más bien progresiva tal como aparece en el calendario del propio Ministerio de Educación (ver)

Este calendario se aceleró en la medida en que muchos centros de secundaria anticiparon la reforma antes de lo que les correspondía según el calendario. En cualquier caso, otros centros terminaron con las enseñanzas de la ley del 70 cuando les correspondía. Pero, en realidad, este calendario no se cumplió.

La LOGSE empezó a implantarse en Educación Infantil y Primaria en 1991.

Een 1992 algunos centros de secundaria comenzaron a anticiparla, pero también comenzaron a airearse la necesidad de reformar dicha ley.

En 1994 el Ministerio de educación lanzó las ya famosas 77 medidas que pretendía mejorar la LOGSE, aunque sólo hubieran pasado 3 años desde que comenzara su implantación.

Estas medidas se concretaron en otra Ley Orgánica, la llamada LOPEG, en el año 1995. Esta ley modificaba algunos aspectos significativos de la LOGSE, especialmente los que eran más inclusivos y también los que diversificaban la oferta educativa en los centros como una medida de atención a la diversidad, al mismo tiempo que modificaba el cuerpo de inspectores en un sentido más jerárquico y se apuntaba un cambio en los equipos directivos en un sentido más profesional, irónicamente hablando, además de otros aspectos no banales como el cambio de orientación en la formación del profesorado.

En 1996 llegó el PP al poder y, por supuesto, se había comprometido a modificar la LOGSE (que ya no era tal). Este compromiso se fue alargando, si bien se fueron introduciendo modificaciones, especialmente en lo que se refiere a la atención a la diversidad, la optatividad...

En diciembre de 2002 se publica la LOCE, que prevee su implantación a partir del curso 2004-2005 con primero de educación primaria, en 1º y 3º de Educación secundaria obligatoria y en 1º de Bachillerato. Si bien esta ley es la más breve de la historia de la educación española, implicó cambios curriculares en la medida en que se iban implantando los diversos niveles.

En 2006 se publicó la LOE, la nueva ley educativa del actual gobierno que derogaba la LOCE y prevé el comienzo de su implantación en 2007-08 con 1º y 2º de primaria y 1º y 3º de la ESO. En 2007-08 entran educación infantil, 3º y 4º de primaria, 2º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato. En 2008-09, 5º y 6º de primaria, 2º de Bachillerato y las pruebas de acceso a la Universidad. Obviamente, también se va modificando la formación profesional, las enseñanzas artísticas y las de idiomas.

Actualmente podemos decir que la LOE acaba de terminar su implantación, implantación en sólo 3 años.

La razón de todos estos datos es poner de manifiesto que en 18 años el sistema educativo ha sufrido cuatro reformas de envergadura y otras muchas de detalle. Que los currículos se han modificado, al menos, 3 veces (en algún nivel educativo han sufrido más variaciones). Podemos decir que la media de años en que se ha tardado en modificar significativamente el sistema educativo ha sido de 4,5, algo insólito si miramos hacia nuestra propia historia.

Una ley que ordena el conjunto del sistema educativo, de las etapas, las medidas de mejora del fracaso escolar, las materias de los distintos niveles y sus currículos, no puede soportar este cambio constante. A día de hoy, no podemos afirmar que en España exista un sistema educativo asentado y que haya hecho el rodaje suficiente para conocer las mejoras necesarias. Esto ha distorsionado tanto al profesorado que, en realidad, no se puede afirmar que haya profesorado ni LOGSE, ni LOPEG, ni LOCE, ni LOE, sino más bien un profesorado que está más cerca de la ley del 70.

Otro cambio significativo en la ordenación de las enseñanzas puede ser un nuevo dislate que acelere el ritmo de los cambio y fortalezca la idea que corre por el profesorado de que no tiene sentido cambiar nada, si pronto habrá un nuevo cambio. Y los cambios no has sido superficiales, al menos en la teoría.

Por otro lado, austan las palabras del ministro porque parece que se inclina por reformar el sistema en un elemento clave: los itinerarios formativos a partir de 3º de la ESO, esto es, desde los 15 años. Tal como parece, el Ministerio de Educación está entusiasmado con la idea de potenciar la formación profesional para lo que adelantará el acceso a la de segundo grado, esto es, a los 15 años, para atender a todos aquellos alumnos que parece que no quieren estudiar.

Este modelo se acerca más a la ley del 70. Si recordamos, los alumnos que no habían podido obtener el graduado escolar, podían incorporarse a la formación profesionl de nivel 1 (FP1), mientras que el resto podía acceder al BUP. La idea es, en el fondo, la misma. Los alumnos que no pueden alcanzar el título de graduado en secundaria, deben poder acceder a una formación profesional (algo ya se está haciendo con los PCPI). Aduce el señor ministro que España está en la cola en número de alumnos de formación profesional y que eso hay que cambiarlo.

Una medida de este tipo producirá aquello que la LOGSE intentó cambiar y que fue, en realidad, una de las razones más poderosas para el cambio:

La formación profesional que acoja a los alumnos fracasados de la ESO se convertirá en el horror de la FP1 antigua. Nivel de formación profesional que estaba más bien poco prestigiado.

Adelantar la elección entre Formación profesional y bachillerato da por bueno el hecho de que existe una desigualdad de partida que la escuela no ayuda a mitigar, sino que consolida. Lo que implica que se atenderá a la diversidad por la vía de la segregación de itinerarios educativos desiguales en su valor. La inversión se desviará para atender esta demanda, en detrimento de medidas contra la desigualdad de partida dentro del sistema general.

En otras palabras, lo que apuntan las ideas del señor ministro es una escuela más parecida a la ley del 70, esto es, frente a una escuela cada vez más inclusiva, un sistema educativo más segregador.

Y la cuestión clave está en qué demonios ocurre para que la escuela no pueda abordar de forma más significativa una desigualdad que tiene origen social, especialmente en los niveles iniciales -infantil, primaria y primer ciclo de ESO. Pero esta pregunta debe parecerle al señor ministro poco interesante. Lo urgente vuelve a convertirse en lo único que hay.

Y, señor ministro, no hay que confundir las medidas que pretenden mejorar el sistema con las medidas que pretenden canalizar la desigualdad.