El reforzamiento de este divorcio es, sin duda, el delito más grave que cabe imputarles a nuestros dirigentes políticos, económicos y jurídicos.

La corrupción se ha normalizado en nuestra vida cotidiana. Al esperpento del reciente caso Gürtel, ahora nos encontramos con el caso Pretoria. Pero, también, hay otros casos recientes, que no le andan a la zaga, como el de El Egido y el del Palma Arena. Todos ellos son continuación de otros que, año sí y año también, han ido convirtiéndose en noticias de primera plana de los medios de comunicación: El saqueo de Marbella durante los años 1999 y 2006, el caso Gescartera en 2001, la operación Malaya (2006), Ciempozuelos (2006), Andratx (2006) y un largo etcétera.

 El Confidencial señalaba que, "según el Índice de Percepción de la Corrupción 2008, realizado por la organización Transparencia Internacional (TI), España ha caído en un año del puesto 25 al 28 de los países menos corruptos del mundo. Ya está por detrás de países como Barbados, Chile, Uruguay, Eslovenia o Estonia; y se encuentra empatada con Qatar, con una nota del 6,5"(ver El Confidencial). El Mundo ha echado cuentas de lo que ha podido suponer, en términos de dinero, la corrupción. Así señala "La corrupción política ha sustraído al menos 4.158 millones en 10 años", aunque apunta la idea de que el dinero sustraído ha sido mayor (ver El Mundo). 

A la corrupción que tiene como motivación el enriquecimiento, hay que añadir otro tipo de corrupción que, aunque no se señale como tal, lo es. Me refiero al uso del poder para conseguir más poder o mantenerse en él. En este ejercicio de poder también se invierten fondos públicos y, por tanto, habría que sumarlos a las cuentas de El Mundo. Me refiero a cosas como el espionaje en Madrid, el abuso de la designación a dedo, el uso de inspectores para intimidar a determinados funcionarios, etc.

Pero también hay que incorporar al saco de la corrupción cosas como la actuación del presidente del tribunal superior de justicia de Valencia, el señor De la Rúa, que antepone la amistad al ejercicio de la justicia... El uso del poder para conseguir que los intereses privados se antepongan a los intereses generales no es otra cosa que corrupción, aunque en ella no intervenga dinero de por medio.

Y lo preocupante no es que se sustraiga dinero, que se utilice el poder para intereses privados(individuales)  -esto ya lo hacen habitualmente las empresas privadas y nadie dice nada. Al fin y al cabo, inmorales ha habido siempre, delincuentes también. Lo preocupante es lo que implica que este tipo de actuaciones se instalen como modelo posible de actuación de cualquier persona, esto es, en un modelo de conducta que termina considerándose normal e incluso moralmente no incorrecto, aunque pudiera tener consecuencias legales.

Esta idea de normalidad se refleja en cómo se reacciona frente a cualquier caso de corrupción. En el caso de los partidos políticos (más bien de sus dirigentes) la reacción es realmente tibia. Lo que se pretende no es descubrir la verdad y limpiar la política de corrupción, sino de que la imagen pública del partido no quede menoscabada, tratando, además, de salvar a aquellos implicados que puedan salvarse. En el proceso, algunos caerán. Pero no caerán por corruptos, sino porque significa un descrédito de la imagen del partido y, por lo tanto, va contra los intereses políticos del mismo; esto es, el interés de obtener el poder o de mejorar en las próximas elecciones generales, regionales o municipales. Hay que añadir a este cuadro, que la escasa respuesta refleja, también, una red de intereses privados entre los miembros o grupos dentro de un mismo partido político. Y esto refuerza la sospecha de que, quizá, sean corruptos todos, los directamente implicados y los diversos dirigentes que no responden de forma clara y contundente. Esto mismo expresa José Manuel Atencia en El País:

 

La actitud de los partidos en España frente a la corrupción en las instituciones públicas está ofreciendo algunas de las estampas más vergonzosas de la política. Y la explicación que están dando los partidos sobre la irrupción diaria de este fenómeno, que está carcomiendo las instituciones, está fuera de toda lógica. Nadie parece tener intención alguna de separar la verdad alcanzada a través de los hechos de la verdad que queremos creer a través de la fe. Sólo y exclusivamente esta circunstancia -hay muchas más- ya demostraría que hay ciudadanos dispuestos a seguir votando a un corrupto frente a la evidencia de su corrupción. Como sólo y exclusivamente este hecho -hay muchos más- demostraría también que hay partidos dispuestos a seguir defendiendo a un corrupto frente a la certeza de que lo es. (ver El País)

 

Si la corrupción a alto nivel se empieza a considerar probable, esto es, que se presume que toda persona con poder del tipo que sea lo utilizará en su propio beneficio y en el de sus allegados, la de bajo nivel quedará más legitimada. La idea popular de que el que no aprovecha la situación es tonto, o la de que todo el que ha llegado a arriba lo ha hecho con ayudas poco legítimas que han existido toda la vida, quedan reforzadas.

Lo más grave, por tanto, no es la existencia de corrupción, sino la idea de que es normal, de que existe cierta impunidad y de que, si eres listo, te puedes aprovechar de tu situación. Al fin y al cabo, no es exactamente una inmoralidad porque no se ha matado a nadie y todos roban.

Lo que nuestros dirigentes están consiguiendo es reforzar el divorcio entre moralidad y legalidad. No está mal conseguir lo que te interesa utilizando medios poco legales porque no son inmorales. Esto es, se trata de que cada uno se aproveche de su situación de poder mientras no le pillen desde la legalidad.

El reforzamiento de este divorcio es, sin duda, el delito más grave que cabe imputarles a nuestros dirigentes políticos, económicos y jurídicos.